Según publicaba ayer El Confidencial Digital, el acuerdo se alcanzó el pasado martes en una reunión de todos los integrantes de la Mesa del Congreso impulsada por Jesús Posada. El presidente de la Cámara Baja propuso la creación de un protocolo específico en el que se marcaran los criterios a tener en cuenta para aceptar o no preguntas sobre la Casa del Rey.
Fuentes cercanas a la presidencia del Congreso, consultadas por el mencionado diario, explican que se decidió no admitir ningún tipo de cuestión relacionada con cualquier institución ajena al Gobierno, del mismo modo que son rechazadas las preguntas referentes al ámbito personal de los miembros del Ejecutivo o de índole jurídica. De tal modo, se cerrará el paso a cualquier pregunta relacionada con la Monarquía o la casa real, por muy grave que sea el asunto que se esté tratando. Un nuevvo blindaje político a la impunidad de la que goza la Casa Real en este estado que se dice democrático, pero donde tanto a nivel judicial, como a nivel mediático, y ahora también a nivel parlamentario, la Casa Real dispone de una situación privilegiada que roza la censura totalitaria.
La iniciativa contó con el apoyo de todos los representantes de la Mesa: Celia Villalobos, Dolors Montserrat, Ignacio Gil Lázaro y Santiago Cervera del PP; María del Carmen Silva, Jaime Javier Barrero y Teresa Cunillera del PSOE; y Jordi Jané de CiU. Es decir, como tantas otras veces, los tres principales partidos de la derecha española unen sus fuerzas para apuntalar y consolidar aquel "atado y bien atado" que Franco quiso dejar por herencia, en forma de modelo de estado, a los ciudadanos y ciudadanas.
En esa misma reunión, además, se decidió rechazar 26 de 39 preguntas de ERC sobre el golpe de Estado, ya que la mayoría de ellas tenían que ver con la actitud del rey durante la jornada del 23 de febrero de 1981. Siguiendo así con la ya vieja tradición de censurar cualquier pregunta incómoda sobre la realidad de la Casa real que pueda abrirse paso entre los escaños del parlamento.
Tanto Esquerra Republicana como Izquierda Unida decidieron presentar una batería de preguntas relacionadas con la Casa Real después de una información del periódico alemán Der Spiegel en el que se hablaba de “comprensión” por parte de don Juan Carlos con los golpistas. Ante el rechazo de la Mesa, el partido de Cayo Lara ha decidido enviar esas cuestiones directamente a La Zarzuela.
A la derecha española eso no le sentó nada bien, imaginamos, entre otras cosas, por lo delicado de la época en que se produjo dicho intento de golpe y la posibilidad de que, con ello, se abriese nuevamente el debate sobre la farsa que supuso la mal llamada "transición", y optó por la vía que, desde siempre, mejor han sabido manejar: la censura. A partir de ese momento parece que decidieron que nunca más algo así llegase al Congreso, no vaya a ser que a los ciudadanos y ciudadanas les dé por preguntarse sobre la verdad de dicha época, y lo que tal farsa supuso para el actual modelo de estado y la actual situación política y económica de sus principales instituciones y leyes, incluída la propia Constitución española.
"Atado y bien atado" sigue estando todo en el estado español, con PP, PSOE y CiU como principales encargados de que la cuerda nunca se suelte.
Fuente: Kaosenlared
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