Wandi Ferreira, un chico de 21 años de nacionalidad dominicana es, desgraciadamente, el último caso documentado de una persona inmigrante muerta bajo custodia estatal. Esta trágica noticia nos hace recordar la muerte en Girona hace tan hace sólo un mes y medio, bajo custodia policial y en circunstancias aún no esclarecidas, del ciudadano argentino Juan Pablo Torroija. Con Wandi Ferreira son ya 7 muertos bajo custodia policial o en centros penitenciarios o en los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIEs) en Cataluña (según datos proporcionados por la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura -http://www.ub.edu/ospdh/pdf/portada/informe%20cat_6juny_0.pdf- y que reconoce el propio Departament d'Interior), dato que no tiene en cuenta aquellas muertes producidas en operaciones policiales.
Según la versión de la policía, Wandi murió por estrangulamiento con los cordones de sus zapatos en la celda de la cárcel de jóvenes de Quatre Camins a las 5 de la madrugada del 16 de agosto, apenas unas horas después de su ingreso en el centro, y justo después de haber sido golpeado por los agentes de paisano durante su detención. Estos golpes dejaron marcas en su cuerpo y en el del otro detenido, un amigo de la víctima.
La familia del chico no se cree la versión oficial, entre otras cosas, por las propias palabras de Wandi, grabadas en un mensaje al contestador de voz de su hermana, en una llamada realizada desde la cárcel de Quatre Camins, donde aseguraba que estaba bien, que no se preocupasen y que le llevaran ropa. Por ello sus familiares exigen que se abra una investigación que aclare los hechos, y, al mismo tiempo, denuncian múltiples irregularidades que les hacen sospechar que la muerte de Wandi no fue voluntaria, como el hecho de haberles ocultado su muerte cuando se hermana llamó al centro penitenciario hacia las 7 de la mañana -no fueron informados hasta unas horas después-. Asimismo, lamentan la falta de humanidad al darles la noticia y en el trato recibido por parte de los policías y el personal del centro penitenciario.
Si la versión oficial, que afirma que el chico se suicidó en la celda con los cordones de sus zapatos, es cierta, nos hallamos, como mínimo, frente a una negligencia, pues ¿cómo explicar sino que Wandi tuviera los cordones de los zapatos en el interior de su celda?
Esta nueva muerte ha despertado las sospechas de la comunidad dominicana de Santa Coloma de Gramenet, que denuncia el racismo y la discriminación a que se ven cometidas las personas inmigrantes por parte de la policía y del personal penitenciario. Una denuncia que se puede contrastar fácilmente con los datos proporcionados por la Coordinadora contra la Tortura (CCT), que recoge 280 casos de maltratos o torturas documentados durante 2011, de los que 110 fueron infringidos a personas inmigrantes bajo custodia policial, tal y como se puede leer en este artículo del periódico Diagonal (http://www.diagonalperiodico.net/Nueva-muerte-bajo-custodia.html)
Hasta el mes de marzo de este año ya se han producido 3 muertes por suicidio de personas presas, según los datos de defunciones por suicidio de la población penitenciaria que recoge el Departament de Justícia (http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/12_pob.html)
Lamentablemente, estas muertes no son poco frecuentes, si observamos los datos proporcionados por Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, con competencias en las cárceles catalanas, que reconoce que en la década de 2001 a 2010, murieron 619 personas bajo su custodia, según denunció en 2011 el Centre de Documentació contra la Tortura (CDDT) en su informe anual (http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=16147).
Desde Rereguarda en moviment queremos denunciar, una vez más, las muertes de personas ya sea bajo custodia de la policía, de la justicia o de las autoridades penitenciaris: Juan Pablo Torroija y Wandi Ferreira son los últimos ejemplos; denunciamos también la falta de transparencia y las negligencias producidas en ambos casos, así como la ausencia total de la ética más elemental a la hora de informar de las muertes a las familias respectivas. Son ya demasiadas muertes bajo custodia, con demasiados puntos oscuros y un evidente desinterés de la justicia para esclarecerlos. Exigimos justicia para Wandi y Juan Pablo, que sus casos, como todos los demás producidos a lo largo de este año, sean investigados a fondo, así como también los responsables de las graves negligencias producidas en estas muertes en dependencias oficiales.
Barcelona, 27 de agosto de 2012
Según la versión de la policía, Wandi murió por estrangulamiento con los cordones de sus zapatos en la celda de la cárcel de jóvenes de Quatre Camins a las 5 de la madrugada del 16 de agosto, apenas unas horas después de su ingreso en el centro, y justo después de haber sido golpeado por los agentes de paisano durante su detención. Estos golpes dejaron marcas en su cuerpo y en el del otro detenido, un amigo de la víctima.
La familia del chico no se cree la versión oficial, entre otras cosas, por las propias palabras de Wandi, grabadas en un mensaje al contestador de voz de su hermana, en una llamada realizada desde la cárcel de Quatre Camins, donde aseguraba que estaba bien, que no se preocupasen y que le llevaran ropa. Por ello sus familiares exigen que se abra una investigación que aclare los hechos, y, al mismo tiempo, denuncian múltiples irregularidades que les hacen sospechar que la muerte de Wandi no fue voluntaria, como el hecho de haberles ocultado su muerte cuando se hermana llamó al centro penitenciario hacia las 7 de la mañana -no fueron informados hasta unas horas después-. Asimismo, lamentan la falta de humanidad al darles la noticia y en el trato recibido por parte de los policías y el personal del centro penitenciario.
Si la versión oficial, que afirma que el chico se suicidó en la celda con los cordones de sus zapatos, es cierta, nos hallamos, como mínimo, frente a una negligencia, pues ¿cómo explicar sino que Wandi tuviera los cordones de los zapatos en el interior de su celda?
Esta nueva muerte ha despertado las sospechas de la comunidad dominicana de Santa Coloma de Gramenet, que denuncia el racismo y la discriminación a que se ven cometidas las personas inmigrantes por parte de la policía y del personal penitenciario. Una denuncia que se puede contrastar fácilmente con los datos proporcionados por la Coordinadora contra la Tortura (CCT), que recoge 280 casos de maltratos o torturas documentados durante 2011, de los que 110 fueron infringidos a personas inmigrantes bajo custodia policial, tal y como se puede leer en este artículo del periódico Diagonal (http://www.diagonalperiodico.net/Nueva-muerte-bajo-custodia.html)
Hasta el mes de marzo de este año ya se han producido 3 muertes por suicidio de personas presas, según los datos de defunciones por suicidio de la población penitenciaria que recoge el Departament de Justícia (http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_serveis_penitenciaris/12_pob.html)
Lamentablemente, estas muertes no son poco frecuentes, si observamos los datos proporcionados por Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, con competencias en las cárceles catalanas, que reconoce que en la década de 2001 a 2010, murieron 619 personas bajo su custodia, según denunció en 2011 el Centre de Documentació contra la Tortura (CDDT) en su informe anual (http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=16147).
Desde Rereguarda en moviment queremos denunciar, una vez más, las muertes de personas ya sea bajo custodia de la policía, de la justicia o de las autoridades penitenciaris: Juan Pablo Torroija y Wandi Ferreira son los últimos ejemplos; denunciamos también la falta de transparencia y las negligencias producidas en ambos casos, así como la ausencia total de la ética más elemental a la hora de informar de las muertes a las familias respectivas. Son ya demasiadas muertes bajo custodia, con demasiados puntos oscuros y un evidente desinterés de la justicia para esclarecerlos. Exigimos justicia para Wandi y Juan Pablo, que sus casos, como todos los demás producidos a lo largo de este año, sean investigados a fondo, así como también los responsables de las graves negligencias producidas en estas muertes en dependencias oficiales.
Barcelona, 27 de agosto de 2012
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