Desde ayer, hay una demanda contra España en el registro del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la política de desahucios. La interpuso el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, y en ella se presentó la historia del ecuatoriano Luis Solórzano como ejemplo para ilustrar cómo el drama de las ejecuciones hipotecarias en España “vulnera y viola constantemente los Derechos Humanos fundamentales”. Esta es la primera demanda europea contra España por “los excesos bancarios”.
“Vinimos a vivir un sueño y estamos viviendo una pesadilla”. Con estas palabras de Solórzano, el Defensor ecuatoriano ha arrancado esta mañana su explicación de los detalles de la demanda en la Secretaría Nacional del Inmigrante (Senami) de Madrid. Bajo un cuadro ilustrado con el lema “No existen seres humanos ilegales” y firmado por el presidente Rafael Correa, Rivadeneira ha explicado que se ha pedido al tribunal europeo que inste a España a “modificar su normativa en materia de vivienda”.
En la demanda, asegura Rivadeneira, se denuncia la utilización de la Ley de Enjuiciamiento Civil para desbloquear este tipo de situaciones, “pues no da opción a escuchar las versiones de las dos partes y que el juez conozca por qué se ha dejado de pagar”.
El caso de Solórzano no es más que un ejemplo “entre muchos” con el que el Defensor del Pueblo ecuatoriano espera poner fin al conflicto entre las entidades financieras y afectados ecuatorianos que, según los cálculos de Senami, podrían superar las 15.000 familias. “El pueblo ecuatoriano está muy agradecido con el español por cómo nos recibió en los momentos más duros de nuestro país, cuando, a finales de los noventa, la crisis bancaria nos hizo migrar”, ha explicado el Defensor. Y ha añadido: “Pero más allá del agradecimiento, es hora de poner fin a esta violación de derechos”.
Con un ejemplar de la constitución ecuatoriana en alto, el Defensor ha explicado que “según el artículo 214, es una obligación para mi defender los derechos de los ecuatorianos en el exterior. Y eso es lo que vamos a hacer”. Una vez presentada, los ecuatorianos están ahora a la espera de conocer si la demanda es aceptada. De momento, Rivadeneira ha avisado: “España ratificó el convenio europeo, por lo que la decisión del Tribunal es vinculante”.
Uno de tantos
Solórzano, ya nacionalizado, llegó a España en 1999. Trabajó en la construcción hasta que un accidente en 2008 lo alejó del mundo laboral. El préstamo hipotecario que adquirió con el Banco Halifax Hispania (ahora Lloyds Bank) por 173.000€ se convirtió entonces en un imposible para el ecuatoriano y pronto dejó de pagar las cuotas de 640€ mensuales. La casa de 65 metros útiles en la que vive con su mujer y sus dos hijos peligraba.
Como posible solución, el ecuatoriano le propuso al banco la dación en pago, algo que la entidad financiera rechazó en numerosas ocasiones. Ahora, tras un largo camino de conflicto que sigue abierto, el caso de Luis es paradigmático de la situación de tantos inmigrantes en España.
Esta tarde, a las 17:00 horas, Rivadeneira acudirá a la Plaza de Celenque a visitar la acampada a los afectados de Bankia acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador, Ricardo Patiño.
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